Los trabajadores extranjeros gozan en nuestro país los mismos derechos que los ciudadanos argentinos.

Si bien la ley prohíbe el trabajo de los inmigrantes ilegales, dicha prohibición está dirigida a los empleadores, y no a los trabajadores.

Ello significa que, si bien el contrato es nulo, no afecta los derechos adquiridos durante la relación, por lo que el trabajador, aún siendo inmigrante ilegal, puede reclamar por el pago de las remuneraciones debidas y, en caso de despido sin causa, exigir las indemnizaciones correespondientes.

"La ley protege siempre al trabajo humano, aun el que presta un extranjero, quien también trabaja por necesidad, mientras convierte al empleador en el único responsable del incumplimiento."

(Ver también "Trabajo no registrado").